Fiscalía pide que Oneida Pinto sea enviada a la cárcel

La Fiscalía General le solicitó a un juez de control de garantías de Bogotá cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez en el marco del proceso que se le adelanta por las irregularidades que rodearon la celebración del contrato para el adoquinamiento de las calles del municipio de Albania.

Debido a la gravedad de las conductas materia de investigación y el riesgo de afectación a la investigación es menester que la exmandataria departamental sea privada de su libertad. En este sentido señaló que para salvaguardar la integridad de este caso se ordenó el traslado del expediente a la ciudad de Bogotá.

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“Prima la seguridad del proceso, de las víctimas y de los testigos”, precisó la delegada del ente investigador al manifestar que existen elementos materiales para inferir que es necesario tomar todas las medidas necesarias para blindar el proceso penal.

La Fiscalía General señaló que Oneida Pinto, siendo alcaldesa de Albania, creó una “empresa criminal” que tenía como único fin seguir manejando la contratación pública del municipio incluso después de salir el cargo.

El 6 de agosto de 2010 firmó el contrato No.07 por un valor de 6.175 millones de pesos para la generación de empleo en la región con el acoquinamiento de las calles. El 14 de diciembre de 2010 se firmó una adición por $1.575 millones de pesos.

En marzo de 2011 se firmó otro contrato por un valor de 6.295 millones de pesos para que se continuaran las obras del departamento. Para esto se contrataron a cerca de dos mil pobladores para que continuaran con el adoquinamiento de todas las vías.

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Para la Fiscalía General es sospecho que la firma de este contrato coincidiera con la inscripción de la candidatura de Oneida Pinto a la Gobernación de La Guajira, hecho por el cual el cuestionado contrato se habría utilizado para mover a la gente a que la apoyara.

Para sustentar esta hipótesis se sostiene que las personas que fueron “seleccionadas” para realizar estos trabajos eran recomendados por la misma Pinto Pérez quien ponía una marca en las hojas de vida que eran presentadas ante la Alcaldía que ahora estaba bajo la administración de Yankeler Hernández, familiar suyo y quien había trabajado como su conductor.

Las autoridades certificaron en 2013 que las obras estaban prácticamente abandonadas y no se realizó la respectiva ejecución de los millonarios contratos. Para llegar a esta conclusión se tuvo en cuenta la versión entregada por expertos en el tema que hicieron un trabajo de campo.

Según las cuentas de la Fiscalía General, en la ejecución de estas obras se presentó un peculado de 5.981 millones de pesos, es decir, casi la mitad del valor del total de los contratos, situación que generó un evidente desfalco a las finanzas de la Nación.

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En la revisión del proceso de contratación se encontró la vinculación de mujeres en embarazo y personas de la tercera edad, lo cierto es que nunca realizaron ningún tipo de trabajo para adoquinar, sin embargo recibieron el pago de salario mensualmente.

En la solicitud de medida de aseguramiento la Fiscalía sostuvo que la Alcaldía de Alabania entregó directamente los contratos a Fudansec, violando directamente los principios de contratación pública puesto que no se convocó a una licitación pública pese al valor de la obra. 

A primera hora, Pinto se declaró inocente de los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos celebración y indebida de contratos imputados por la Fiscalía General.